Tras este rimbombante título se vuelven a esconder unas medidas tomadas por convicción (ideológica), que poco o nada tienen que ver con lo que aparenta el título.
Al hablar de sostenibilidad, lo que pretenden en realidad es un nuevo recorte en la financiación del más esencial de los derechos, la salud. Sostenible no la van a hacer (la sanidad) y hay más que serias dudas en lograr un ahorro de 7 millones de euros, como pretenden. Lo que se persigue, y se logra, es eliminar el carácter de universalidad en la sanidad, quedando reservada sólo para aquellos que tengan "seguro" y relegando a los "otros" a unos servicios de urgencia privándolos de una continuidad asistencial en sus dolencias o enfermedades.
Es más, esta ley se aprovecha para otros fines, como es la modificación (rebaja) de los derechos de los trabajadores sanitarios.
De forma unilateral, indiscriminada y precipitada se pone en riesgo la salud de los individuos más débiles y desfavorecidos, y a la seguridad sanitaria de toda la población. Pese a que el título de la Ley afirma lo contario.
Cuestiones como la del complicado copago, hace fuerza exclusivamente en la disminución del consumo farmacéutico, sin que las medidas correctoras fundamentales, como el sistema de compra, la racionalización de la prescripción y la necesaria colaboración del personal sanitario aparezca por parte alguna.
Pretenden hacernos creer que la Sanidad Pública es uno de los principales problemas económicos del país, cuando es falso. España tiene uno de los sistemas sanitarios más baratos y eficientes del mundo, pese a tener una financiación insuficiente desde hace años. La sanidad necesita una renovación en profundidad, que es necesaria hacerla contando con los propios profesionales sanitarios y no de una forma unilateral, con medidas burdas y apresuradas.
La Ley tiene aspectos positivos, que reconocemos, como la gratuidad de los medicamentos para los parados sin prestación económica y para las personas con pensiones no contributivas, como la receta de los medicamentos genéricos.
Con todo el mantenimiento de la Sanidad Pública a corto y medio plazo es posible hasta en situaciones de crisis como la que sufrimos. La salud y la sanidad es un derecho de todos los ciudadanos, por el hecho de serlo.
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