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miércoles, 30 de mayo de 2012

La Plataforma por una Vivienda Digna exige que se depuren responsabilidades civiles, penales y también políticas por la burbuja inmobiliaria

ASOCIACIÓN PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA


- COMUNICADO ESTATAL 29/05/2012 –


Esta asociación piensa que es hora de que se diriman responsabilidades por una serie de decisiones de carácter político y económico tomadas durante años contra natura y contra todas las recomendaciones nacionales e internacionales, que han conducido al país al borde del abismo económico y a una ruptura social sin precedentes. Es por ello por lo que ha decidido presentar varios escritos en las más altas instancias, instando a investigar las causas de esas decisiones. Acusa asimismo al Gobierno actual, de acelerar el proceso de favoritismos pro-bancarios y convertir España en poco menos que un paraíso fiscal inmobiliario orientado a la compra de viviendas.

La asociación de carácter estatal Plataforma por una Vivienda Digna inició sus pasos en el año 2003, en los tiempos en los que el precio de la vivienda crecía a un 17% anual mientras desde el Ministerio de Economía capitaneado por Rodrigo Rato, se nos decía -como si eso fuese motivo de orgullo- que “si la vivienda estaba cara era porque los españoles podían pagarla”. Tras el trabajo de análisis preliminar, pronto nos dimos cuenta de que eso no era exactamente así, sino que la vivienda estaba tan cara porque los bancos podían financiarla a esos precios trayendo recursos del extranjero y por ende, comprometiendo nuestro futuro, convirtiendo el tristemente famoso “milagro económico” en una falacia de proporciones históricas, porque era obvio que posteriormente llegaría el día en el que tendríamos que pagar las enormes deudas. Desde entonces llevamos denunciando adonde nos llevaba esto.

Ha pasado mucho tiempo desde aquel momento y con tremenda incomprensión y desazón hemos contemplado año tras año, como prácticamente todas las medidas en materia fiscal, urbanística o de política de vivienda que han ido tomando los distintos ejecutivos nacionales y autonómicos, de uno u otro partido, no sólo no ayudaron a reconducir la situación del mercado inmobiliario, sino que sólo sirvieron para empeorarla. A pesar de nuestras repetidas denuncias, todo, absolutamente todo el marco regulatorio se ha puesto durante años al servicio de la compraventa de viviendas a precios disparatados, relegando otras opciones que existen y que son tan dignas como la propiedad, en el objeto de que la ciudadanía satisfaga su necesidad vital de alojamiento.

Esta aciaga reiteración en los errores de la clase política, llevó a esta organización a participar de las manifestaciones multitudinarias de 2006-2007 que vinieron a denunciar la profunda ruptura social y económica que estaba ya provocando el modelo de “gente sin casas y casas sin gente” –ya se habla de seis millones de viviendas vacías-. Incluso en aquella ocasión, las medidas que se tomaron por una “vivienda digna” al calor de la protesta social, salvo tenues avances que fueron deshechos poco después, se utilizaron subrepticiamente para fomentar aún más la compraventa de viviendas a precios desorbitados y con ello, el sobreendeudamiento generalizado de la población en base a sus necesidades vitales. La PVD por aquel entonces atónita ante lo que estaba sucediendo, llegó a pedir la dimisión del ministro de Economía, Pedro Solbes -al que se obsequió con un ladrillo gigante- por negarse a frenar o limitar en algún modo la espiral crediticia con la aprobación de la Ley Hipotecaria, una Ley que se redactó de espaldas a la ciudadanía al dictado de las entidades financieras y que, por cierto, contó con el apoyo del Partido Popular y de CiU –quizás el único precedente en toda aquella legislatura de sumo enfrentamiento político-.

Cuando el castillo de naipes construido sobre la necesidad de vivienda de los ciudadanos comenzó a tambalearse, nos dijeron primero que no pasaría nada, que teníamos el sistema financiero más sólido del mundo, luego que eran pequeñas turbulencias provocadas por los avatares internacionales y que sería algo pasajero, posteriormente llegaron las ayudas públicas a los bancos para “garantizar el crédito y poder seguir creciendo” y cuando llegó el cambio de gobierno, que “se sabía lo que había que hacer” para arreglar el desaguisado. Y mientras, por otro lado se seguía haciendo “mas de lo mismo” y negando una burbuja inmobiliaria –y con ello la corresponsabilidad-, que por no ir más lejos fue calificada de “topicazo” por el actual ministro de Hacienda hace tan solo unos meses. Y ahora llegan las grandes nacionalizaciones y el traspaso ingente de la deuda odiosa a los ciudadanos, un quebranto monumental e histórico por el que no se tiene intención ninguna de responder.

Entre tanta declaración falaz y oscurantista destacó por doloroso el tópico de “nadie nos avisó”, “nadie fue capaz de prever esto”…Tajantemente falso: los avisos fueron constantes y reiterados tanto a nivel interno, como originados en el extranjero durante años. El propio Jaime Caruana ya en 2002 alertaba del aumento de riesgo por el endeudamiento de las familias, a lo que también el actual Ministro de Hacienda replicó “que eso era bueno ya que la compra de un piso programa a largo plazo un incremento del nivel de ahorro”1. Nos consta también que la intervención del Banco de España conocía al menos desde el año 2006 los grandes desequilibrios con los que el mercado inmobiliario estaba amenazando a la banca española. Y si fuera sólo eso…en esta asociación hemos tenido la oportunidad de examinar numerosísimos estudios e informes –los primeros datados en el año 2000-, y muchos otros como los de la ONU, el BdE, el CSCAE, The Economist, los servicios de estudios de distintas entidades financieras internacionales, la OCDE, el FMI, los distintos informes emitidos desde la Unión Europea y un largo etcétera incluyendo a los de esta asociación, que coincidían en desaconsejar la política de vivienda, fiscal y urbanística que se estaba practicando en España. Los casos más sangrantes se dan con los estudios que el propio gobierno encargó a sus órganos consultivos para pasar a olvidarlos a continuación: Consejo de Estado, Observatorio de la Vivienda, etc. Y la pregunta que surge es ¿por qué no hicieron nada ante las numerosas alertas? Quizás porque como dijo el comisario europeo Almunia “hubiese sido retirar la ginebra a mitad de la fiesta”. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta ¿la fiesta de quién? Porque es obvio que alguien se ha pegado un gran festín en el mercado inmobiliario y ahora no quiere pagar la cuenta, que es bastante abultada.

Sin olvidar la parte de responsabilidad que también reside en entidades europeas, es tal el cúmulo de sinrazones y despropósitos, que sólo los intereses espurios de los que nos han gobernado a nivel personal, de sus formaciones políticas a nivel colectivo y de su interrelación con las entidades financieras y otros negocios privados, pueden explicarlos. Con un país al borde del colapso económico y social, creemos firmemente que de una vez por todas se ha de romper la baraja y que ha llegado la hora de que se depuren responsabilidades y que los que han perpetrado el “festín inmobiliario” paguen por el inmenso daño que han causado a la sociedad española.

Es por ello por lo que esta asociación ha decidido presentar varios escritos en las más altas instancias del Estado y de la Unión Europea: La Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, la Defensora del Pueblo y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, instándoles a iniciar un proceso indagatorio y de investigación que confiamos lleve a delimitar responsabilidades de todo tipo allá donde las haya. Hay mucho, mucho que investigar. No se puede aceptar, si queremos tener un futuro democrático y en libertad, que quienes han provocado el caos actual, sigan disfrutando de sus pingües sueldos y pensiones e incluso tomando decisiones, mientras a los ciudadanos –que ya estamos en una situación límite y somos los únicos que hemos pagado el “festín” hasta la fecha- se nos condena a lustros de degradación de nuestro sistema de bienestar social, a más empobrecimiento, a un desempleo fuera de todo orden y a una enorme exclusión social.

Y aún al borde del default, seguimos echando leña al fuego

Y hablando de todo ello ¿qué ha hecho el nuevo gobierno para enderezar esta situación? Pues la respuesta es simple: acelerar exponencialmente las mismas políticas del desastre. Esta asociación ya anunció el continuismo con las políticas del gobierno anterior, cuando en plenas navidades el ejecutivo incluía en un Real Decreto-Ley, a escondidas, una línea de avales para la banca de nada menos que 100.000 millones de euros. Poco después se anunció la aplicación de un IVA superreducido para todas las viviendas, incluyendo las residencias de lujo. También, resultó muy elocuente, el reforzamiento retroactivo de las deducciones a la compra de viviendas para nuevos demandantes, unas “ayudas” que realmente han venido terminando en manos de bancos y promotoras -77.560 millones desde 1979 nada menos2- y que todos los estudios e instituciones coinciden que han contribuido como nadie a que se infle la enorme burbuja inmobiliaria que hemos sufrido en España y que, por si fuera poco, a estas alturas están detrayendo unos recursos necesarios e imprescindibles a los servicios sociales básicos de la ciudadanía.

Ya más recientemente el gobierno ha anunciado más “cambios” regulatorios en el mercado de la vivienda, amenaza con precarizar aún más el mercado del alquiler con un lamentable anteproyecto de ley –favoreciendo así aún más la compra-, ha congelado vergonzantemente los módulos de protección oficial cuando lo que se debe hacer con ellos es reducirlos drásticamente y por si fuera poco, ahora se anuncian exenciones fiscales adicionales en impuestos inmobiliarios que son determinantes para el presupuesto de las comunidades autónomas. Todo ello persigue el mismo fin: que si tiene que bajar el precio de la vivienda, que sea la porción que disfruta el Estado y no la de las entidades privadas la que baje. Es absolutamente desquiciante comprobar que se sigue sin comprender que para deshacer el agujero negro inmobiliario que decía el gran profesor Naredo, sólo existe un camino que radica en la profunda desinversión y en la bajada drástica en el precio de la vivienda hasta volver a unos precios razonables en relación a los salarios y eso mientras se afianza una política de vivienda realmente social para garantizar el derecho al alojamiento a los más necesitados.

No damos crédito a que todavía aún hoy, se siga intentando echar más leña a una hoguera que ha abrasado ya el país y que se siga obviando que cada persona que se endeuda en exceso por la compra de una vivienda, contribuye a afianzar aún más las insolvencias bancarias y la sequía del crédito tan necesario para generar empleo. Algunas veces hemos aludido al país que van a dejar nuestros gobernantes a las generaciones venideras, pero ahora vamos a probar con la dimensión trascendente de la persona, porque la Historia, esa eterna huella, juzgará a todas estas personas como lo que son, ni más, ni menos. De todo esto y dada la gravedad del asunto, tengan a buen seguro que algún día se escribirá, ya habrá un Pascual Madoz que lo cuente porque no se puede engañar a todos todo el tiempo.

Plataforma por una Vivienda Digna

Comité Interterritorial

info[arroba]viviendadigna.org

http://www.viviendadigna.org



Información relacionada:

• 40 propuestas por una Vivienda Digna

• 1 http://www.abc.es/hemeroteca/historico-10-10-2002/abc/Economia/montoro-replica-a-caruana-que-es-bueno-que-las-familias-se-endeuden-en-vivienda_135001.html

• 2 http://www.cincodias.com/articulo/vivienda/deduccion-vivienda-ha-costado-77560-millones-decadas/20111114cdscdsviv_1/

• Otros comunicados e informes que se mencionan en este comunicado.

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Por una Vivienda Digna

http://www.viviendadigna.org

lunes, 2 de enero de 2012

La PVD denuncia una ayuda encubierta a los bancos de 100.000 millones en el decreto-ley del 30 de diciembre


La asociación de carácter estatal Plataforma por una Vivienda Digna, tras revisar el real decreto-ley de “medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público”, denuncia que contiene una ayuda de 100.000 millones de euros en avales para las entidades financieras, que no ha sido comunicada a la ciudadanía ni en la rueda de prensa, ni en el documento difundido por La Moncloa con posterioridad. Asimismo, esta asociación califica de inconcebible la recuperación de las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda con todas las recomendaciones nacionales e internacionales en contra.

Revisando el contenido del real decreto-ley publicado el 31 de diciembre de 2011 en el Boletín Oficial del Estado, se puede observar un incremento muy significativo en los límites máximos de la cuantía destinada a los avales del Estado para entidades financieras privadas, que se incrementa con esta norma hasta la cifra de 196.043 millones de euros. Si uno compara esta cifra con la del real decreto-ley precedente, en la que el importe ascendía a 115.543,5 millones de euros, se observa que, aparte de la abultada partida destinada a los avales al fondo de “Facilidad Europea de Estabilización Financiera” -que permanece invariable-, aparece un nuevo concepto (que en el anterior decreto análogo no aparecía) que va a permitir al Estado avalar y hacerse cargo con vigencia indefinida en caso de ejecución de la deuda privada –y sus intereses- por valor de 100.000 millones de euros.

En concreto, el real decreto-ley, en la disposición final decimoséptima (página 146.637 del BOE), expone textualmente:

Cita:

Con efectos de 1 de enero de 2012 y vigencia indefinida (…)

b) 100.000.000 miles de euros para el otorgamiento de avales a las obligaciones económicas derivadas de las emisiones de bonos y obligaciones nuevas que realicen las entidades de crédito residentes en España con una actividad significativa en el mercado de crédito nacional. El aval garantizará el principal de la emisión y los intereses ordinarios. De producirse la ejecución del aval, siempre que la misma se inste dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de vencimiento de la obligación garantizada, el Estado satisfará una compensación a los titulares legítimos de los valores garantizados, sin perjuicio de las cantidades que deba abonar en virtud del aval.

Mal, muy mal inicia la andadura el nuevo gobierno, si comienza mintiendo y ocultando información de este monumental calibre a los hastiados ciudadanos de España, peor si eso se hace en nombre de la verdad, mucho peor si es para intentar sostener con recursos públicos una situación inmobiliaria que lleva tiempo siendo y es a todas luces insostenible; y tremendamente nefasta, si esa ocultación se hace tirando por tierra las palabras del presidente Mariano Rajoy, cuando en la campaña electoral ha negado hasta la saciedad que fuese a subir impuestos y a otorgar ayudas a las entidades financieras.

Las desgravaciones, un canto de sirena que comprometerá las políticas públicas de vivienda, tan necesarias en estos momentos

Por otra parte, esta asociación ha venido reiterando en consonancia con instituciones como el BCE, el Banco de España, la OCDE, Funcas, el FMI, el Consejo Económico y Social, CCOO, la Comisión Europea y un larguísimo etcétera de organismos nacionales e internacionales de todo tipo de signo y condición, que las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda han estado en el origen del cáncer inmobiliario que ha degenerado en la brutal crisis económica que padecemos en España y por tanto, nos vemos obligados a alzar la voz una vez más criticando ferozmente el reforzamiento de estas “ayudas” y reiterando nuestra petición de que se retiren de manera paulatina y no retroactiva.

En estos momentos de excepcionalidad, además nos parece tremendamente grave que el grueso del dinero de las políticas públicas de vivienda e incentivos como el IVA al 4%, se vuelvan a focalizar en la compra de vivienda -lo que no deja realmente de ser otra ayuda a bancos y promotores en base a un supuesto fin social- cuando estos fondos debieran servir para propiciar políticas de alojamiento que paliaran la extrema urgencia en la que se encuentra ya una buena parte de la sociedad española que está soportando un paro, unos desahucios y una exclusión social fuera de todo orden. Por si fuera poco, con las tremendas cifras de desempleo y la enorme incertidumbre que está padeciendo el país, pensar que estas desgravaciones van a cumplir el objetivo de liquidar el stock de vivienda existente –el verdadero fin que persigue su “recuperación”- es una pura entelequia.

El suelo, en una eterna valoración falsa

También denunciamos que en este real decreto-ley se prorroga de nuevo la aplicación de la Ley del Suelo en cuanto a la valoración de terrenos recalificados. Otro muy mal síntoma que persevera en una política económica basada en la ocultación y falseamiento de la realidad. Los problemas jamás se resuelven ocultándolos y el que tienen las entidades financieras con un suelo pagado muy caro y que no vale nada sin viviendas construidas encima, no va a ser algo distinto. Por otra parte, valoramos como muy negativa la intención de que sea el Estado a través del “banco malo”, el que cargue directamente con las consecuencias de decisiones de financiación que en su día se basaron en la más pura codicia y especulación, sin que las personas y entidades que tomaron estas decisiones, tan dañinas para la economía española, asuman ninguna consecuencia ni la más mínima responsabilidad.

Hace años, en un comunicado en el que advertíamos de la crisis económica, social y política que iban a traer las políticas que favorecían la burbuja inmobiliaria, esta asociación a la desesperada, instó a nuestros gobernantes a pensar en el país que iban a dejar sus hijos. Redoblamos esa apuesta y ahora, cuando estamos padeciendo como nunca los resultados de tantos años de sinrazón, invitamos a nuestros gobernantes a pensar en el papel con el que se van a ver reflejados en los libros de historia, puesto que con la reiteración de unas políticas económicas tan nefastas como funestas que son un enorme y grave error, que han esquilmado y endeudado hasta límites insoportables a la población española agrandando más y más el agujero negro inmobiliario, están conduciendo a este país inexorablemente a la autodestrucción económica. Parafraseando al científico Einstein como última reflexión: “Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados”.

Plataforma por una Vivienda Digna

Comité Interterritorial

info[arroba]viviendadigna.org

http://www.viviendadigna.org

Información relacionada:

• R.D.L. 20/2011 de 30 de diciembre

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf

• R.D.L. 9/2011 de 19 de agosto (techo de avales anterior)

http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/20/pdfs/BOE-A-2011-14021.pdf

• Ley de PGE 2011

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/23/pdfs/BOE-A-2010-19703.pdf

• 40 propuestas por una Vivienda Digna

http://www.viviendadigna.org/docs/plataformavd/40_propuestas_plataforma_vivienda_digna.pdf

• Palabras de Mariano Rajoy en el debate:

viernes, 29 de mayo de 2009

BANCOS PODRÍAN OBLIGAR A FAMILIAS A HIPOTECAR OTROS BIENES SI EL PRECIO DE LA VIVIENDA CAE UN 20%



BANCOS PODRÍAN OBLIGAR A FAMILIAS A HIPOTECAR OTROS BIENES
El Mundo - 07 de abril de 2009
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" SI EL PRECIO DE LA VIVIENDA CAE UN 20% La OCU lo considera un 'atropello' La medida cubriría la relación entre el valor real y la cantidad hipotecada El FMI augura que el descenso de precios será de entre el 15% y el 20% La delicada situación que atraviesa el mercado inmobiliario hace que algunos de los ciudadanos que compraron su vivienda en la parte más alta del ciclo, en la primera mitad del pasado año, se encuentren ahora con que su vivienda vale menos de lo que pagaron por ella. Y puede ser peor. El FMI auguró el pasado jueves que el precio de los pisos puede caer en España hasta un 20%. En ese caso, y si la vivienda está hipotecada, el consumidor se puede enfrentar a la tesitura de estar pagando un crédito mucho más caro de lo que en realidad vale su piso. La tentación de dejar de abonar las letras es evidente y, ante esa situación, el Gobierno ha buscado garantías para el sector financiero. Así, en el decreto que desarrolla la nueva ley del mercado hipotecario, se permite a las entidades financieras exigir al ciudadano que hipoteque otros bienes si el precio de la vivienda se reduce. La ley hipotecaria se hizo para abaratar los cambios de estos préstamos, pero su desarrollo esconde esta medida. El decreto está sometido a consulta pública y su redacción no difiere en buena medida de la legislación hoy vigente. Sin embargo, entre los consumidores sorprende que el Gobierno "se ponga del lado de la banca" con una disposición que es un "atropello". La redacción del decreto, aunque farrogosa en algunos puntos, es bastante comprensible: "Si por razones de mercado o por cualquier otra circunstancia el valor del bien hipotecado desmereciese de la tasación inicial en más de un 20%, la entidad financiera acreedora, acreditándolo mediante tasación efectuada a su instancia, podrá exigir del deudor hipotecante la ampliación de la hipoteca a otros bienes suficientes para cubrir la relación exigible entre el valor del bien y el crédito que garantiza". Los precios aún no han caído Es cierto que el precio de la vivienda, por el momento, no está cayendo de media en España -aunque el FMI augura que el descenso será de entre el 15% y el 20%- pero sí se aprecian ya descensos en ciertas zonas del país, en las que el boom urbanístico ha sido más intenso. Es el caso de muchas zonas de la costa levantina, del litoral andaluz o del extrarradio de las grandes ciudades, donde hace un año se pagaron precios que hoy son impensables. A eso se une otro problema. Las tasaciones, que ahora se ajustan notablemente al valor real, han estado en España durante muchos años infladas. Era la época en que se creía que los pisos valían mucho más de lo que ahora se evidencia. Ese hecho sirvió para que el volumen de los préstamos fuese más alto sin necesidad de que los bancos tuviesen que provisionar cantidades adicionales. La ley limita al 80% el valor de tasación La ley limita al 80% del valor de tasación el importe del préstamo que se puede conceder con cargo a una vivienda. Si el valor de la tasación es mayor, el cliente recibe más dinero y el banco cobra más en intereses. La legislación también permite llegar al 95%, como límite máximo, en el caso de que existan 'garantías personales adicionales', es decir, un aval, o 'un seguro frente al impago'. Se introducen exigencias más fuertes porque los bancos deben provisionar más fondos si rebasan el límite del 80%. Muchos ciudadanos se podrán ver reflejados en realidades como ésta. Una casa comprada hace año y medio por 180.000 euros, para la que recibió un préstamo de 190.000, gracias a una tasación de 200.000 euros. Ese ciudadano puede encontrarse con que el banco decida hacer otra tasación de ese piso -curiosamente las entidades financieras suelen tener sus propias tasadoras- y que ésta arroje un resultado de 160.000 euros. La tentación de dejar de pagar El hipotecado se enfrentaría a la devolución de un préstamo de 190.000 euros más intereses, por una casa que vale 160.000. Ante situaciones similares producidas años atrás en países del entorno español, como el Reino Unido, muchas familias optaron por dejar de pagar la hipoteca. Con una tasación inicial de 200.000 euros y una segunda de 160.000, la diferencia sería ya del 20% fijado en el decreto. La cantidad quizá se vea como una posibilidad excesiva, pero la distancia es de poco más del 10% sobre el valor real del piso (180.000 euros) cuando se compró, lo cual, en determinados puntos del país, ya se está produciendo. ¿Consecuencia? En función de este decreto, el banco o la caja de turno pueden obligar al cliente a hipotecar otros bienes, ya que su casa ya no cubre el valor de lo que está pagando por ella. ¿Y qué bienes se pueden hipotecar? La respuesta es otra vivienda o recurrir al aval, ya que el valor de otros objetos de cuantía, como puede ser un coche, se deteriora de forma mucho más rápida y no sería aceptada por la entidad financiera. El decreto lleva fecha de 11 de marzo, apenas dos días después de las elecciones. Está sometido a consulta pública hasta el próximo 25 de abril, tiempo suficiente para que el Ministerio de Economía reciba alegaciones y su responsable, Pedro Solbes, ya ratificado en el cargo, decida modificar este polémico punto.
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jueves, 26 de marzo de 2009

El Informe Auken contra el ladrillazo se vota en Estrasburgo




Hoy jueves 26 de marzo, se votará en el Parlamento Europeo el Informe redactado por la eurodiputada verde danesa Margrete Auken sobre el "frenesí urbanizador" en España. El análisis y las conclusiones de dicho informe es tremendamente crítico con el urbanismo masivo y la especulación inmobiliaria en España. Es la culminación de más de cinco años de trabajo dentro de la institución europea empujado por docenas de miles de personas, de plataformas ciudadanas de denuncia, y de grupos de vecinos afectados por todo el territorio español. Se trata de movimientos y luchas locales en activa denuncia contra los abusos urbanísticos y de defensa de la democracia municipal.

Si finalmente se llegara a aprobar el Informe Auken como es deseable, aunque no tenga efectos ejecutivos inmediatos, lo que es seguro es que sí enviará un claro mensaje político y jurídico a la sociedad y gobiernos centrales, autonómicos y municipales, ya que hace una llamada a las instituciones españolas y a las europeas para que se actúen con toda su fuerza y legitimidad contra la borrachera urbanística que ha sufrido España durante los últimos años, y que además resulta ser una de las causas principales de la dura crisis económica que sufrimos. Si se aprueba este informe, habrán de tomar buena nota del mismo los ayuntamientos, los juzgados, los gobernantes, los legisladores, y hasta la misma Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Justicia.



El PP y el PSOE están luchando juntos y a brazo partido en contra de la aprobación del Informe Auken, que ya fue aprobado con una amplia mayoría por la Comisión de Peticiones (por dos-tercios de los eurodiputados). Pero como el PP y el PSOE quieren impedir a toda costa su aprobación definitiva, ahora sacan un "artilugio procedimental" para intentar obstaculizar su votación y aprobación por parte de la cámara parlamentaria mediante la propuesta de una votación previa de unas propias resoluciones alternativas que rebajan y moderan sustancialmente las críticas del Informa Auken, y con ello también se intenta limitar la fuerza y el largo alcance político y jurídico-legal que contiene el texto original del Informe Auken.


¿Por qué el urbanismo español es un asunto europeo?
Aunque la planificación territorial no es en si misma una problemática incorporada en las competencias de la Unión Europea, en cambio si lo es la evaluación ambiental, las condiciones de contratación pública, las condiciones de libre competencia, el blanqueo de capitales, el agua, o la protección de los hábitats naturales. Todas estas son áreas de legislación europea que afectan de lleno al urbanismo de una manera o de otra. Son muchos los ciudadanos y ciudadanas que han acudido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar la vulneración de diferentes normativas de la ley y del derecho europeo comunitario. Además, también el Derecho de Petición Ciudadana está reconocido en el Tratado de la Unión Europea, y precisamente han sido las muchas peticiones ciudadanas firmadas por miles de españoles europeos las que han servido de base informativa esencial para la elaboración del Informe Auken.


¿Por qué se afirma en el Informe Auken que se viola el derecho humano fundamental de la propiedad privada?
El hecho de que un pequeño propietario se vea imperativamente obligado a participar en un proyecto de urbanización, lo quiera o no, o a pagar unas tasas de urbanización muy abusivas bajo el supuesto argumento de un "interés público" que realmente nunca se justifica, pone a la ciudadanía en situaciones de arbitraria indefensión en las que se limita radicalmente los derechos básicos a la propiedad reconocidos por las leyes. A pesar de que legalmente se establece que solo en caso de excepcionalidad pueden ser limitados estos derechos para someterse a otros fines y objetivos sociales considerados de primer orden, está claro que los campos de golf y el negocio de las urbanizaciones masivas no entran en esta categoría de objetivos sociales o de interés común. Como ha indicado José Antonio Tardio Pato, profesor de la Universidad Miguel Hernández, en su libro: "La Gestión Urbanística en el Derecho de la Unión Europea":
"... en relación con la garantía del derecho a la propiedad, creemos haber justificado argumentalmente que el sistema de agente urbanizador de la legislación valenciana, que sustituye forzosamente al propietario por el agente urbanizador en la gestión urbanística, lesiona del derecho fundamental de propiedad."

¿Por qué afirma el Informe Auken que hay muchos casos de corrupción y que la justicia española no ha respondido bien a los abusos urbanísticos?

Es de sobra conocido para cualquier lector de la prensa diaria el hecho de que "la fiebre urbanizadora" se acompaña a menudo de la corrupción urbanística, una grave lacra presente en la gestión de los Ayuntamientos de muchas partes de España, y que afecta a centenares de municipios. La justicia española, se ha mostrado hasta ahora incapaz de tratar con eficacia y premura la inmensa mayoría de los casos de las violaciones legales y de los abusos urbanísticos cometidos. Los trámites legales son lentísimos, carísimos, y tortuosos, y no suelen llegar a entrar en el fondo de las demandas y denuncias, quedándose tan solo en cuestiones secundarias y superficiales de forma y procedimiento. Los jueces casi nunca actúan con medidas cautelares de paralización de las obras antes del dictamen de las sentencias para con ello poder frenar o evitar la destrucción irreversible del territorio y los ecosistemas vivientes. Las sentencias judiciales condenatorias, si es que finalmente llegan, casi siempre lo hacen cuando el mal está hecho, es irreversible, y no tiene ya remedio.

jueves, 26 de febrero de 2009

La Plataforma por una Vivienda Digna denuncia

La Plataforma por una Vivienda Digna denuncia que estos servicios cuestan cada año millones de euros y no mejoran en nada la situación de acceso a la vivienda.

La Plataforma por Una Vivienda Digna (PVD) ha realizado un análisis del funcionamiento y resultados de tres de los servicios públicos de alquiler que existen en nuestro país, llegando a la conclusión de que son inútiles para el objetivo de una vivienda digna y asequible, y por lo tanto los fondos gastados en ellos son un despilfarro de dinero público.



http://www.viviendadigna.org/?ver_noticia.php?id=6572

lunes, 7 de enero de 2008

Plataforma por una vivienda digna

Plataforma por una Vivienda Digna

Manifiesto “Stop al Urbanismo Deshumanizado”

En los últimos meses se han sucedido numerosas noticias y artículos de prensa
en relación con la aprobación por parte de la Asamblea de Madrid de la modificación de
ciertos artículos de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid (en adelante
LSCM) a través de la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de
Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo en los días anteriores a la presente, se ha aprobado la Ley 7/2007,
de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (en adelante LMFA), de
acompañamiento a los presupuestos regionales para el 2008, que también incluye
modificaciones a la mencionada Ley 9/2001. Esta vez se trata de alteraciones de la
norma de mayor calado, a pesar de que en la exposición de motivos de la citada ley se
considera que los procesos urbanísticos de ordenación y transformación del suelo en
nuestra región requieren un amplio consenso político y social. y sobre las que poco se
ha conocido por la opinión pública.
Por eso, como ciudadanos, nos vemos en la obligación de denunciar el grave
daño que la aplicación de estas modificaciones puede suponer sobre nuestro territorio y
nuestra convivencia y venimos a manifestar nuestro más absoluto desacuerdo en base a
las siguientes consideraciones:
1º La forma de tramitación utilizada para modificar la LSCM no es apta, a nuestro
entender, para operar modificaciones tan sustanciales como las contenidas en materia de
suelo y urbanismo, entre otros, por los siguientes motivos:
a. Se obvia el consenso social necesario para una modificación
legislativa de tanta trascendencia territorial.
b. Se extralimita de las materias que deben regularse en una ley de
acompañamiento ligada fundamentalmente al ámbito económico y
presupuestario
2º Se abre la puerta al uso extensivo de un suelo con vocación de suelo rústico sin
ordenación y sin cesiones a la administración y, por lo tanto, sin garantías de
participación ciudadana e información publica como es el suelo urbanizable no
sectorizado.
3º Se permite en suelos no urbanizables con especial protección una serie de usos que
desvirtúan esta
clasificación. Se vulnera el concepto de ciudad permitiendo la
urbanización de todo el territorio, dejando sin efecto la clasificación básica vulnerando
el derecho a un medio ambiente adecuado recogido en el artículo 45 de la Constitución.
4º Se remite a la ordenación por un futuro reglamento la regulación completa de un
procedimiento que incide en derechos y obligaciones como es el de las modificaciones
de planes generales, creando una nueva categoría de modificación de Plan General de
Ordenación Urbana no contemplada por la Ley.
5º En cuanto a la emisión de los informes sectoriales imprescindibles y garantes de una
actuación territorial sostenible y equilibrada (como son los informes sobre carreteras,
política de aguas, medioambientales...) se establece un plazo máximo de emisión de un
mes (en urbanismo esto es claramente insuficiente) entendiéndose que si no se emiten
dentro de dicho plazo, se estimarán favorables.

De este modo se abre la puerta a actuaciones insostenibles desde todo punto de
vista sin tener en cuenta que cuando se trata de territorio, cualquier actuación que se
lleve a cabo es irreversible.
6º Se permite que la obligación de cesión para el sistema de redes públicas
supramunicipales, en cuanto a la reservas de edificabilidad residencial para vivienda
sujeta a algún tipo de protección, sea solo exigible en suelo calificado con uso
característico residencial. Esto supone claramente abrir una puerta a la supresión de
este tipo de viviendas utilizando subterfugios semánticos, por ejemplo, en lugar de uso
característico residencial, uso compatible residencial.
7º Se deja en manos del promotor la posibilidad de que la adquisición y cesión de
terreno con destino de uso residencial con protección , se realice en suelo no calificado
para ello, suponiendo:
1. Alterar el fin para el que se previó esa cesión supramunicipal.
2. Acumulación por parte de la Comunidad de Madrid de bolsa de
suelo de terrenos de distinta calificación que no podrá destinar a
uso residencial protegido.
3. Dejar en manos del promotor las funciones que típicamente han
sido asignadas a la Administración tanto en cuanto a ordenación
del territorio, como en cuanto a impulso, dirección y control de
la actividad urbanística.
8º Se permite la transferencia de las viviendas de protección pública o de integración
social a determinados municipios dejando unos libres de este tipo de viviendas y
colmatando otros. Esto implica la alteración del equilibrio territorial, la creación de
guetos, la jerarquización de los municipios en virtud de la existencia de vivienda publica
estableciendo municipios de primera y segunda clase, la negación de un territorio
socialmente sostenible y, todo ello, en un negocio entre promotor y comunidad
autónoma sin que intervenga el municipio afectado por esa decisión de extrema
trascendencia social, económica, urbanística y medioambiental.
Estas modificaciones introducidas, una vez más, sin ningún tipo de participación
ciudadana , a espaldas de los principios administrativos más básicos, vulnerando la ley
de suelo estatal, e incluso la Constitución, implicarán la creación de un territorio
profundamente segmentado, insostenible, insolidario y lo que es peor, irreversible.
En Madrid, a 02 de enero de 2008
Puedes adherirte a este manifiesto aquí:
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