Es vergonzoso que el partido IU pretenda hacer otra Lyma para seguir con el clientelismo político, para seguir metiendo con la doble afiliación a su gente. Por cierto es ridículo que al Viondi le nombren candidato a Alcalde en la sede de CCOO.Es que lo hacen con alevosía y descaro.
En una empresa municipal, aunque el capital sea por completo público, la gestión no se rige por el derecho administrativo sino por el derecho privado; normalmente, por la legislación referida a sociedades mercantiles.
El derecho administrativo establece una serie de garantías en la gestión de los bienes públicos que no existen en el derecho privado, como son:
1.- El respeto de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en la selección de personal.
2.- La concurrencia y el control democrático en las contrataciones de toda índole.
3.- La cobertura amplia para la participación ciudadana en la gestión sin necesidad de estar en el accionariado.
4.- La sujeción de todas sus decisiones a órganos representativos (colegiados o unipersonales) y a funcionarios públicos a los que la ley les exige la observancia de unos principios de imparcialidad y objetividad en el desempeño de sus funciones que no se exigen en ningún caso a trabajadores con relación laboral privada (aunque sean de una empresa pública).
No existe ninguna justificación de intervención pública en un mercado privado con fines sociales, justificación que sí puede haberla cuando se hace preciso que el Estado monopolice un determinado sector telefónico o que regule un mercado (caso, en nuestra historia, de Telefónica o Argentaria, cuando ambas eran públicas).
No, en el caso de los servicios que ha de prestar un Ayuntamiento no hay ninguna justificación (ninguna justificación decente, se entiende) para recurrir a esta fórmula.
En su día, el portavoz de IU en Getafe fundamentó la creación de una empresa pública de limpieza en la liberación de trámites burocráticos en la gestión del servicio. Viniendo tal argumento de un representante de la izquierda no puede producir otra cosa que vergüenza ajena, porque lo que él llamaba "trámites burocráticos" son en realidad controles democráticos en la gestión de los recursos públicos para garantizar que se protegen los intereses de todos los ciudadanos.
Y, obviamente, cuando se alude al ahorro en personal se está hablando o de la reducción de empleos o de su precarización o de ambas cosas.
Aparte de que, una vez creada la sociedad municipal, la privatización completa es tan sencilla como empezar a vender las acciones.
Esperemos que los vecinos y vecinas de Getafe no toleren semejante estafa.
Es vergonzoso que el partido IU pretenda hacer otra Lyma para seguir con el clientelismo político, para seguir metiendo con la doble afiliación a su gente. Por cierto es ridículo que al Viondi le nombren candidato a Alcalde en la sede de CCOO.Es que lo hacen con alevosía y descaro.
ResponderEliminarEn una empresa municipal, aunque el capital sea por completo público, la gestión no se rige por el derecho administrativo sino por el derecho privado; normalmente, por la legislación referida a sociedades mercantiles.
ResponderEliminarEl derecho administrativo establece una serie de garantías en la gestión de los bienes públicos que no existen en el derecho privado, como son:
1.- El respeto de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en la selección de personal.
2.- La concurrencia y el control democrático en las contrataciones de toda índole.
3.- La cobertura amplia para la participación ciudadana en la gestión sin necesidad de estar en el accionariado.
4.- La sujeción de todas sus decisiones a órganos representativos (colegiados o unipersonales) y a funcionarios públicos a los que la ley les exige la observancia de unos principios de imparcialidad y objetividad en el desempeño de sus funciones que no se exigen en ningún caso a trabajadores con relación laboral privada (aunque sean de una empresa pública).
No existe ninguna justificación de intervención pública en un mercado privado con fines sociales, justificación que sí puede haberla cuando se hace preciso que el Estado monopolice un determinado sector telefónico o que regule un mercado (caso, en nuestra historia, de Telefónica o Argentaria, cuando ambas eran públicas).
No, en el caso de los servicios que ha de prestar un Ayuntamiento no hay ninguna justificación (ninguna justificación decente, se entiende) para recurrir a esta fórmula.
En su día, el portavoz de IU en Getafe fundamentó la creación de una empresa pública de limpieza en la liberación de trámites burocráticos en la gestión del servicio. Viniendo tal argumento de un representante de la izquierda no puede producir otra cosa que vergüenza ajena, porque lo que él llamaba "trámites burocráticos" son en realidad controles democráticos en la gestión de los recursos públicos para garantizar que se protegen los intereses de todos los ciudadanos.
Y, obviamente, cuando se alude al ahorro en personal se está hablando o de la reducción de empleos o de su precarización o de ambas cosas.
Aparte de que, una vez creada la sociedad municipal, la privatización completa es tan sencilla como empezar a vender las acciones.
Esperemos que los vecinos y vecinas de Getafe no toleren semejante estafa.
Ricardo Rodríguez.
Un vecino de Leganés